Urge contribuir a la productividad de México: el SAT ha hecho su parte
Contribuyamos todos a la productividad de México
La falta de cooperación para que las cosas en nuestro país sean más productivas debe verse en forma obligada analizando las actidudes del gremio de contadores públicos, privados o de ejecutivos administradores de empresas que en forma por demás arbitraria y sin razón alguna están obligando a que las facturas producidas en la forma electrónica autorizada por el SAT, les sean llevadas en forma física, impresa, para que puedan considerarse para el pago.
Se trata de una actitud que el propio SAT debería tomar en cuenta y sancionar en alguna forma. Es una actitud que contraviene todo el esfuerzo hecho por el gobierno federal a través del mismo SAT para generar una actitud de mayor productividad en todos los ámbitos generadores de empleo y producción de la nación mexicana.
La actitud de empresas o instituciones, del nivel económico que sea, consistente en obligar a sus proveedores de servicios o productos a hacer entregas físicas de las facturas generadas electrónicamente, es algo que se esconde entre esos factores de nuestra economía que nos hacen, como nación, menos eficientes y menos propensos a crecer como país.
El simple hecho de evitar el costo —que multiplicado por todos los que son obligados a hacerlo se convierte en algo groseramente improductivo— de hacer que las facturas electrónicas sean impresas y transportadas físicamente a los lugares estipulados en forma totalmente arbitraria por los clientes, significaría varios cientos de millones de pesos al año —si es que no miles de millones— que se están erogando en actividades que no generan más productividad y que sí, en cambio, elevan el costo-país, variable muy estrictamente analizada por los organismos encargados de clasificar a México como un punto atractivo o no para la inversión extranjera generadora de empleos.
Se oyen pretextos tan poco válidos y, por demás, arbitrarios como, por ejemplo “ni la envíes a mi correo, que nunca lo abro… me la tienes que traer físicamente”. O bien, la tajante —arbitraria e improductiva— declaración de que “así lo tienes que hacer, porque así lo ordenó [el contador, el jefe, don Serapio, o similares]“.
El gobierno federal, a través del SAT, ya hizo su labor para generar eficiencia sin sacrificar seguridad. Las facturas electrónicas llevan un sello digital único, posible de ser encontrado válido o inválido por la autoridad hacendaria misma. Ni siquiera se le pide al causante que imprima el documento: basta con que lo almacene electrónicamente de tal manera que cuando se le solicite lo pueda mostrar.
Es justo, pues, que todos, desde nuestros respectivos rincones productivos, cooperemos a que México sea un país más eficiente. Usemos los métodos electrónicos tanto para aceptar facturas como para pagarlas. Es a la nación entera que le hacemos un gran favor.
La falta de cooperación para que las cosas en nuestro país sean más productivas debe verse en forma obligada analizando las actidudes del gremio de contadores públicos, privados o de ejecutivos administradores de empresas que en forma por demás arbitraria y sin razón alguna están obligando a que las facturas producidas en la forma electrónica autorizada por el SAT, les sean llevadas en forma física, impresa, para que puedan considerarse para el pago.
Se trata de una actitud que el propio SAT debería tomar en cuenta y sancionar en alguna forma. Es una actitud que contraviene todo el esfuerzo hecho por el gobierno federal a través del mismo SAT para generar una actitud de mayor productividad en todos los ámbitos generadores de empleo y producción de la nación mexicana.
La actitud de empresas o instituciones, del nivel económico que sea, consistente en obligar a sus proveedores de servicios o productos a hacer entregas físicas de las facturas generadas electrónicamente, es algo que se esconde entre esos factores de nuestra economía que nos hacen, como nación, menos eficientes y menos propensos a crecer como país.
El simple hecho de evitar el costo —que multiplicado por todos los que son obligados a hacerlo se convierte en algo groseramente improductivo— de hacer que las facturas electrónicas sean impresas y transportadas físicamente a los lugares estipulados en forma totalmente arbitraria por los clientes, significaría varios cientos de millones de pesos al año —si es que no miles de millones— que se están erogando en actividades que no generan más productividad y que sí, en cambio, elevan el costo-país, variable muy estrictamente analizada por los organismos encargados de clasificar a México como un punto atractivo o no para la inversión extranjera generadora de empleos.
Se oyen pretextos tan poco válidos y, por demás, arbitrarios como, por ejemplo “ni la envíes a mi correo, que nunca lo abro… me la tienes que traer físicamente”. O bien, la tajante —arbitraria e improductiva— declaración de que “así lo tienes que hacer, porque así lo ordenó [el contador, el jefe, don Serapio, o similares]“.
El gobierno federal, a través del SAT, ya hizo su labor para generar eficiencia sin sacrificar seguridad. Las facturas electrónicas llevan un sello digital único, posible de ser encontrado válido o inválido por la autoridad hacendaria misma. Ni siquiera se le pide al causante que imprima el documento: basta con que lo almacene electrónicamente de tal manera que cuando se le solicite lo pueda mostrar.
Es justo, pues, que todos, desde nuestros respectivos rincones productivos, cooperemos a que México sea un país más eficiente. Usemos los métodos electrónicos tanto para aceptar facturas como para pagarlas. Es a la nación entera que le hacemos un gran favor.
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