Angélica Araujo y el 4 de julio de 2011 en Mérida de Yucatán
¿Qué pasaría si fuera posible hacerle a cada ciudadano yucateco una explicación exacta y estrictamente apegada a los hechos del 4 de julio de 2011 en la Glorieta de la Paz?
Vamos a suponer que ya, 100% de los ciudadanos recibió la explicación y solo recibió una explicación que relató en forma estricta la verdad única sobre los hechos de ese día.
Entonces, ya teniendo a esa totalidad de ciudadanos con información estricta y exacta sobre lo que sucedió en la fuente de Paseo Montejo ese día, ¿qué dirían si les preguntáramos, a continuación, si estarían o no de acuerdo en que Angélica Araujo renuncie al puesto que tiene y se sujete a un juicio legal —político o no— para determinar qué sanción se le debe aplicar?
Tendríamos lo que se llama un plebiscito, esto es, una forma de tomar una decisión con la instrucción directa de los ciudadanos a las autoridades ejecutoras. Sería un proceso en el que no se requeriría acción alguna por parte de los diputados. Ya sabemos que los diputados del partido político al que pertenece la señora Araujo jamás aceptarían que se haga lo que debería hacerse. Por lo tanto, como no se cuenta con ellos, ellos también tendrían que ser sujetos a una especie de revocación de mandato o retiro de instrucción de representatividad.
Si ya leíste hasta este punto ya te diste cuenta muy clara de cuál es el problema: que todos los ciudadanos tengan la versión estrictamente exacta de los hechos del 4 de julio de 2011. ¿La tienen todos? ¡Nada qué ver! Es una minoría de ciudadanos con credencial de elector la que tiene ahora la versión de lo que sucedió el 4 de julio de 2011.
Pero tenemos, además, el grave problema de el otro bando. La gente del bando de Angélica Araujo, empezando por ella misma, está diseminando una versión falsa acerca de los hechos de ese día. Es la versión que ella y su grupo —este incluye a la gobernadora Ivonne Ortega— tenían planeado lanzar a la sociedad para imponer la decisión del paso deprimido.
¿Por qué siguen en el poder —en sus puestos— Ivonne Ortega y Angélica Araujo? ¡Porque ambas están protegidas por el sistema de acuerdo al cual ellas son inocentes en tanto no se compruebe lo contrario! ¿Y qué sucede con los que podrían probar la culpabilidad de estas mujeres? ¡Que no se les respetan las declaraciones que emiten en el lugar que la sociedad tiene para esa función!
Por lo tanto, solo nos queda un camino: 1) distribuir, diseminar la verdad de los hechos del 4 de julio hasta que cada ciudadano yucateco sepa exactamente lo que sucedió y, 2) detener la sociedad en forma masiva, tajante y global, por varios días (4 o 5): no transitar por las calles con vehículos, no abrir los centros de trabajo (excepto los de emergencia); 3) estudiar cuidadosamente las alternativas constitucionales con que contamos cuando todos, en conjunto y sin duda de ser una gran mayoría optemos por solicitar la desaparición de poderes y la apertura de un proceso que aplique auditorías detalladas a ambos niveles de gobiernos y funcionarios participantes; 4) tomar una decisión con respecto a si Yucatán puede o no decidir una forma de gobierno que cancele la representatividad delegando e instituya la participación directa.
¿Quieren un verdadero cambio? Entonces estamos obligados, como sociedad, a hacer las cosas con la seguridad de que todos los que tienen derechos ciudadanos participen; y para ello estamos obligados a distribuir, para empezar, la información que nos conduce a tomar esta decisión.
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